Abstract:
La investigación se enfocó en determinar y analizar; si en el trámite del recurso de casación en los procesos de anulación de Laudo Arbitral se vulnera principios del procedimiento arbitral en perjuicio de la administración pública. La Constitución Política reconoce, además de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción militar, una jurisdicción arbitral, pese a no contar ésta con la posibilidad de ejecutar directamente lo que se resuelva en su sede (Suárez, 2002). En este sentido, cuando un laudo arbitral se encuentra consentido o ejecutoriado y la parte a quien se impone obligaciones no las cumple, la contraparte debe recurrir al Poder Judicial para ejecutar el laudo, así mismo si una de las partes no se encuentra conforme al laudo este puede recurrir a la vía judicial para solicitar la Anulación del laudo arbitral. Se ejecutó en el año dos mil dieciséis, Teniendo como OBJETIVO General: Determinar los principios que se vulneran en el trámite del recurso de casación de la anulación del laudo arbitral en perjuicio de administración pública. METODOLOGÍA: La investigación tiene una naturaleza mixta (paradigma mixto) y se utilizará el diseño Explicitico y estudio de casos. La investigación arribo a las siguientes conclusiones: (i) En la etapa de trámite del recurso de casación debido en los procesos de anulación de laudo arbitral se vulnera el principio del debido proceso y de la igualdad de las partes en perjuicio de la administración pública cuando la Sala en el autocalificatorio lo declara inadmisible. (ii) Las causales principales para anulación de laudos arbitrales son los incisos b), c) y d) de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071) que refieren que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales; que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes y; que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. (iii) Cuando el recurso de casación es declarado inadmisible en perjuicio de la entidad del estado pese a que este cumple con todos los requisitos de ley se vulnera el principio de igualdad de las partes, debido a que no sucede lo mismo con la empresa privada
